El presente análisis temático pretende abordar el fenómeno del desplazamiento forzado teniendo como punto de partida algunas definiciones que van desde percepciones personales sobre el tema, definiciones establecidas por organizaciones de carácter internacional que han visto de una u otra forma involucrada con este tema y algunos autores que ha presentado y desarrollado un análisis de ciertas situaciones en las que se presentan casos de desplazamiento. Lo anterior ha de contribuir a la conceptualización teórica del tema que estamos abordando.
Tal como sosteníamos con antelación el concepto de desplazamiento forzado ha sido abordado desde distintas perspectivas, en ellas y para nuestro fin, hemos desagregado el concepto en; desplazamiento, desplazados y refugiados. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas categorías no constituyen fenómenos aislados, por el contrario, pueden llegar a actuar dentro de la misma dinámica.
El desplazamiento forzado debe entenderse como un fenómeno que en principio altera las dinámicas de un Estado desde el punto de vista político, social, económico y psicológico. Este (el desplazamiento forzado) puede ser interno y/o externo,[1] puede ser provocado por una serie de pugnas internas entre los diferentes sectores que componen la sociedad de un Estado, precarias condiciones económicas que marginan a un segmento de la población, por la escases de recursos, abandono estatal y, en suma, por un conflicto armado interno (socio político) como en el caso colombiano.
En el informa analítico del Secretariado General sobre desplazados forzosos y en un estudio del representante del Secretario General para asuntos de derechos humanos relacionados con desplazados forzosos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas define a los desplazados como:
Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de sus hogares o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales o provocados por el ser humano y en su propio país.[2]
Por otra parte, pero con el fin de contribuir a la construcción de una definición más estructurada del concepto desplazado, hacemos referencia al concepto de refugiado. En este orden de ideas, el refugiado es;
Cualquier persona que tenga temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país […] o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.[3]
Debemos tener en cuenta que el desplazamiento forzado de la población civil – al menos bajo las condiciones de conflicto armado interno - es interpretado por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como un crimen de guerra y por los Derechos Humanos, como una violación a este, siendo estos últimos, mecanismos complementarios de aplicabilidad internacional y conducentes a garantizar la protección de los individuos bajo cualquier situación que atenten contra su integridad.
Se hace necesario antes de contextualizar el tema del desplazamiento interno en Colombia, abordar aunque de manera somera el tema del conflicto armado interno. Con lo anterior pretendemos abordar el tema del desplazamiento forzado desde la óptica del conflicto interno, sin desconocer que existen como ya lo mencionamos anteriormente, otros fenómenos que también pueden llegar a contribuir al desplazamiento interno y/o externo.
A falta de una definición general de “conflicto armado interno”, existen elementos objetivos que permiten establecer cuándo nos hallamos ante una situación de este tipo; en primer lugar, un conflicto armado interno se caracteriza porque en él las partes enfrentadas tienen un estatuto jurídico claramente desigual (ejemplo; fuerzas armadas de un Estado contra grupos armados irregulares).
A diferencia de lo que sucede en los conflictos armados de carácter internacional, los cuales suelen desarrollase entre dos o más Estados, en los conflictos armados de carácter interno, el enfrentamiento no se produce entre Estados soberanos, sino entre el gobierno de un sólo Estado y uno o varios grupos armados (aparentemente ilegales) dentro de los límites de su territorio[4].
En segundo lugar, el conflicto armado interno se caracteriza porque en él los actos de violencia no son esporádicos o aislados. Al contrario, tienen un carácter sostenido y concertado, que en ciertos casos, le permite a los grupos armados o insurrectos ejercer el control de una parte del territorio nacional. Este control territorial puede ser sostenido en la medida en que se ejerce a través del tiempo determinando un cerco de acción sobre el cual, el Estado no ejerce presencia o bien puede ser un control esporádico del territorio donde las fuerzas insurgentes al depredar ciertas zonas (extracción de recursos) migran hacia otra.[5] No obstante, en ambos casos el control puede ser económico, político y cultural.
Estableciendo elementos conceptuales previos, estamos tratando de construir una base sólida sobre la cual colocar el tipo de confrontación que se vive en Colombia, la cual para un grupo de expertos alcanza las dimensiones de conflicto armado interno. Por otra parte, para personas estrechamente relacionadas con el Gobierno Nacional asistimos a una situación de “desorden público”.
Hoy la noción misma de conflicto interno es mucho más amplia y revela que éste puede existir con caracteres o elementos fluctuantes o más flexibles. El conflicto interno de un Estado ha de ser “armado” y dar lugar a hostilidades cuando esas hostilidades dejan de ser un simple asunto de mantenimiento de orden público.[6]
El conflicto armado interno colombiano se desarrolla desde principios de la década de los años 1960, pasando por una serie de etapas de intenso recrudecimiento y manifestaciones de dialogo con posibilidades mínimas de pacificación, especialmente cuando el narcotráfico pasó a ser una modalidad de financiación e impulsador del aparato bélico de los grupos armados ilegales.
El hecho de que exista en Colombia un sector interesado por minimizar o esconder la realidad que se vive en lo referente a la confrontación armada, no alcanza a nublar la percepción internacional. Por ejemplo; el CICR que según se entiende, es guardián del Derecho Internacional Humanitario (DIH), sostiene que, en el caso colombiano el Estado se está enfrentando con grupos armados organizados que tienen cierto control de un territorio, que están generando consecuencias humanitarias, que ejercen operaciones militares sostenidas y concertadas, poseen cierto mando, y cierta organización militar.[7]
La argumentación que expresa el CICR, se sustenta en el Derecho Internacional Humanitario, lo cual a su vez le otorga cierto grado de credibilidad. No obstante, aceptar esto por parte del Gobierno colombiano implicaría el reconocimiento de beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército Popular (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el conflicto interno colombiano.
Por otra parte, pero guardando una estrecha relación con la existencia de conflcito armado interno en Colombia, se encuentra el desplazamiento forzado como consecuencia a la existencia de multiples formas de violencia y fenomenos no excluyentes donde sobresale la violencia política.[8] El impacto del desplazamiento forzado en Colombia y las estrategias para contenerlo o transformarlo, no solo ha sido abordado por organismo e instituciones de carácter internacional como, ACNUR, EL CICR o El CMI.
El Estado colombiano de manera tardía ha reconocido el impacto socioeconómico que sufren aquellos que son desplazados por la violencia. En ese sentido, el documento Conpes N°. 2804 del 13 de septiembre de 1995, establece los lineamientos principales para entender el fenómeno. En este documento se definieron como objetivos centrales la atención a la población ya desplazada y la neutralización de las dinámicas de violencia, que generan fenómenos de desplazamiento.[9]
Asumimos como tardía el reconocimiento del gobierno colombiano ya que el fenómeno de desplazamiento forzado no es ni tan siquiera relativamente nuevo, sino, que esta estrechamente relacionado con el conflicto mismo. Aquellos que sufren el desplazamiento forzado no son más que aquellos que se encuentran en medio del enfrentamiento entre Fuerza Pública, guerrillas y los grupos de autodefensas.
Estudios de organizaciones como; CODHES, PNUD Y SUR, han determinado que el desplazamiento forzado interno ha crecido de una manera sostenida aproximadamente desde 1985, en función de la expansión de las actividades de los grupos armados ilegales. Quizás se haya debido a que desde la década de 1980 los actores armados ilegales vincularon al narcotráfico como herramienta de financiación de su estructura armada, lo que a su vez les permitió desarrollar un mayor número de incursiones armadas contra poblaciones del país y enfrentar casi que en igual capacidad bélica a la Fuerza Publica.*
Existe cierto consenso entre las organizaciones anteriormente señaladas respecto a que el aumento del desplazamiento ha estado asociado a otras formas de ataques a la población civil tales como las masacres, los asesinatos de líderes y las desapariciones forzadas.[10] Según datos de la RSS, en el 2001 el 50 por ciento de los desplazamientos fueron generados por las autodefensas, 20 por ciento por la guerrilla, 22 por ciento por más de dos actores y en el siete por ciento de los casos se desconoce el actor.
La participación mayoritaria de las autodefensas es identificada por la RSS, CODHES y la Conferencia Episcopal a pesar de las diferencias en sus métodos de recolección. El desplazamiento por estos grupos puede responder a diferentes intereses como por ejemplo la apropiación de la tierra y otras causas subyacentes relacionadas con el conflicto armado y el narcotráfico.
Tasa de desplazamientos y tasa de muertes en conflicto por 100.000 habit Colombia 1996 – 2006.
Los picos más altos de desplazamiento forzado en Colombia y la tasa de muertes totales por conflicto se produjeron según la investigación de varias organizaciones en el 2002, periodo que corresponde a la primera administración presidencial de Álvaro Uribe Velez. ¡Uribe – Presidente! en el 2002 puso de manifiesto que una gran mayoría de colombianos provenientes de todos los sectores sociales, deseaban insertarle al problema de la violencia nacional otro modelo de resolución diferente a los diálogos que se habían caracterizado desde Belisario Betancur.
Se pensó en ese entonces que ya el modelo negociador había cumplido su ciclo, puesto que 20 años de diálogos infructuosos habían terminado por exacerbar el conflicto armado interno, fortalecer a las guerrillas, potenciar a los paramilitares como poder de facto y fragmentar al Estado. En consecuencia el pico más alto tiene cierta relación con la intensificación de los enfrentamientos entre Fuerza Pública y grupos armados ilegales y una población civil impasible que se encuentra en medio del juego de intereses. En este orden de ideas aumentaron en los desplazados como consecuencia del desborde de la crisis humanitaria propia de un conflicto interno
Además del marcado efecto económico que tiene el desplazamiento forzado sobre la población civil un análisis documental e informe de investigación en la Unidad de Atención Integral al Desplazado (UAID) desarrollado en octubre 21 de 2003, identificó que personas víctimas de desplazamiento forzado sufrían de estrés, ansiedad, temor, depresión, perdida de autoestima, paranoia, proceso de culpabilizar o culpabilizarse, deseo de venganza, asumir rol de víctima, empeoramiento de las condiciones de vida, desarraigo cultural, ruptura de redes sociales y afectivas, cambios en los roles de la familias entre otras.[11]
Desde 2006 el desplazamiento forzado registra una tendencia creciente que refleja la consolidación de hegemonías armadas ilegales tras cruentas luchas en las cuales la población no combatiente se convirtió en objetivo militar y sus tierras y bienes en botín de guerra. Es decir, en los últimos tres años, casi un millón de personas han sido desplazadas, si se tiene en cuenta que en 2006 el desplazamiento afectó a por lo menos 221.638 personas y en 2007 la cifra ascendió a 305.966.[12]
Quienes se enfrentan en un conflicto armado interno muchas veces evalúan el carácter económico del mismo, es decir, los costos en tanto financiación que este les representa. Además en algunos casos, como el colombiano, el conflicto alcanza a ser matizado por el tinte político, cada vez más disímil, que las partes en confrontación le impregnan. Sin embargo, las partes en confrontación, al menos en el conflicto colombiano, no miden han medido el impacto psicológico al que condenan a la población no combatiente.
Entiéndase a la población no combatiente como aquella que no participa en ninguno de los bandos, legal o ilegal, no desarrolla ningún trabajo logístico, de inteligencia o información. Esta población se encuentra constituida por familias enteras que normalmente habitan en las zonas rurales del país. Esta población se encuentra en medio de los intereses de las partes en conflicto y como tal sufre todo tipo de violación a sus derechos.
El reclutamiento forzado de padres de familia cuando no su asesinato, que deja como resultado la descomposición del núcleo familiar, igualmente el reclutamiento de menores para ser formados en el “arte” de la guerra, el acallamiento con fusiles de comunidades enteras, la consolidación de poderes de factos que gobiernan por medio del terror, la violencia simbólica además de la física, son los componentes de la insalubridad mental que a la fecha sufren más de dos millones de desplazados en Colombia.
La prolongación indefinida de la guerra supone la normalización de relaciones sociales deshumanizantes cuyo impacto en las personas va desde el desgarramiento somático hasta la estructuración mental, pasando por el debilitamiento de la personalidad que no encuentra la posibilidad de afirmar con autenticidad su propia identidad.[13] En el desplazamiento forzado que sufren desde individuos hasta familias enteras en Colombia ese debilitamiento de la persona se hace más profundo en la medida que estos, los desplazados, son victimas múltiples.
Victimas múltiples, en la medida en que no solo son desplazados de su lugar de origen, sino también, del lugar que ocupan como desplazados. Familias enteras mendigando en los semáforos de las capitales, en el transporte público y en los andenes, son una especie de fantasmas vivientes que parecen ser indiferentes ante los ojos primero del gobierno y después de la sociedad a la sociedad que llegan por el hecho de ser desplazados.
Sin lugar a dudas, los individuos o grupos de desplazados sufren, en palabras de Martín Baró, un “trauma psicosocial” como resultado de toda una confluencia de factores adversos que se tejen alrededor de su realidad social y económica. La subvaloración de la persona desplazada constituye una carga para el Estado, quien no contempla una solución más denigrante del ser humano que la cultura de la mendicidad.
Es precisamente en este sentido donde cobran valor las características que le adjunta Ignacio Martín Baró al concepto de trauma psicosocial generado por la violencia. En palabras de nuestro autor “entender la intencionalidad y las característica de la intervención que aborda este tipo de violencia tiene tres características importantes; identificar la naturaleza del trauma, reconstruir el tejido social y evitar la reproducción del trauma”.
Quizás de manera arbitraria y con cierta carencia de autoridad debamos decir que las tres características de identifica Baró son indispensables para la reconstrucción de un tejido social desgarrado por la violencia política, violencia que termina por ser un agregado de múltiples formas de violencia. Comprender el trasfondo histórico, las partes que interactúan en las dinámicas de violencia y propuestas de reconstrucción estructurales y no inmediatistas se hacen necesarias para la reparación social.
[1] Desde nuestra perspectiva el desplazamiento forzado puede ser interno y/o externo. La primera forma de desplazamiento se evidencia en la medida que la población desplazada ocupa otro lugar forzosamente dentro del mismo territorio nacional. Sin embargo, el desplazamiento forzado externo se produce en la medida que el desplazado abandona por situaciones forzosas el territorio nacional. Normalmente, en este caso, el desplazado se refugia en países fronterizos.
[2] Ahumada, Consuelo en; El Desplazamiento Forzado de Colombia Hacia Ecuador En El Contexto Del Plan Colombia. Centro Editorial Javeriano CEJA.Informe analítico del Secretario General sobre los desplazados forzosos, documento de las Naciones Unidas E/CN.41992/23,14 de febrero de 1992; Estudio preparado por el Sr. Francis M. Deng, Representante del Secretario General para asuntos de derechos humanos relacionados con desplazados forzados, de conformidad con la Resolución 1992/73 de la Comisión de Derechos Humanos, documento de las Naciones Unidas. Ambos documentos están en OACNUDH, ACNUR, CODHES, Compilación sobre desplazamiento forzado. Normas, doctrinas y jurisprudencia nacional e internacional. Bogotá: diciembre de 2001, p19.
[3] Ibíd., p.26.
[4]Comité Internacional de
[5] Collier, Paul. Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas. Revista El Malpensante N° 30, 2001.
[6] Mangas Martin, Aracely. Conflictos armados internos y Derecho Internacional Humanitario. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca 2ª reimpresión de junio de 1999 pp. 59 - 60
El CICR está presente en Colombia desde 1969. Su cometido es velar por que los grupos armados muestren un mayor respeto por el derecho internacional humanitario, sobre todo en relación con la protección debida a los no combatientes, y prestar ayuda de emergencia a las personas desplazadas y a otras víctimas del conflicto. Trabaja en la implementación de programas de salud pública y en la realización de proyectos de rehabilitación de infraestructura de pequeña escala en zonas de conflicto.
[8] Si bien al fenomeno de violencia política se le atribuyen el mayor número de desplazados en Colombia, no se debe asumir como cierta la tesis de que este tipo de violencia es causa unica y suficiente. En Colombia existen otros tipos de violencia que parecen ser excluyentes pero un analisis no muy meticuloso termina por evidenciar. Por ejemplo; cuando hablaos de desplazamiento forzado debemos tener en cuenta el efecto que causa en la población mayoritariamente rural el hecho que que un “patrón” controle vastas cantidades de tierra, que los capos del narcotrafico realicen “inversiones” en predios rurales para “lavar” dinero, que los ciclos economicos disminuyan la demanda de los productos que se cultivan en el campo mientas que los costos de producción sean excesivamente altos. Todos estos fenomenos q ue parecen ser aislados contribuyen de cierta forma al desplazamiento de personas o grupos familiares que buscan mejores opciones en los cascos urbanos.
[9] Documento Compes 2924. Sobre el sistema Nacional de Atención Integral a la Población desplazada. p.4. El documento electrónico se encuentra disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5063.pdf
* La firma del Plan Colombia tiene mucho que ver con esta lógica puesto que en cierto periodo del conflicto armado interno el Gobierno Nacional llegó a pensar en la toma del poder por parte de la guerrilla de las Farc. Mientras que la comunidad internacional y en ella Estados Unidos presenciaban lo que podía ser un Estado fallido.
[10] Forero, Edgar. El desplazamiento forzado en Colombia. Washington, D.C., September 22, 2003. p. 9
[11] Falla Ramírez, Uva. un análisis documental e informe de investigación en la Unidad de Atención Integral al Desplazado (UAID). Revista Tabula raza octubre 21 de 2003. p. 4
[13] Martín Baro, Ignacio. PSICOLOGÍA DE LA GUERRA: TRAUMA Y TERAPIA. UCA, EDITORES 1990, San Salvador, El Salvador. p. 9
