viernes, 13 de noviembre de 2009

MEMORIA HISTÓRICA, UNA HERRAMIENTA PARA TRANSFORMAR LOS EFECTOS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO.

La presente reflexión pretende reforzar nuestro anterior análisis sobre el desplazamiento forzado en Colombia, anteriormente habíamos desarrollado un análisis Psicosocial de dicho desplazamiento como uno de los efectos del conflicto interno colombiano, efecto que recae de manera directa sobre los grupos sociales más vulnerables de nuestra sociedad.

Los conflictos internos o no suelen fragmentar la estructura política, económica, social, y jurídica que constituye a una sociedad. La violencia que emana del conflicto mismo se percibe por los actores activos o pasivos como acontecimientos normales no porque lo sean, sino, porque poco o nada pueden hacer para que no sucedan, en ese sentido, los no combatientes terminan por permanecer impasibles frente a actos violentos.

Quienes permanecen en medio del fuego cruzado entre Fuerza Pública y grupos armados irregulares, son víctimas y testigos de abusos, discriminación, detenciones, violaciones, desapariciones, desplazamiento forzado (El Salvador, Colombia), torturas, separaciones de sus familiares, asesinatos. Además, sus comunidades han sido disueltas y consecuentemente han sufrido una falta de afección y educación. En consecuencia, estos efectos son estremecedores porque afectan al nivel personal y al nivel social, político y económico (Lavadero, 1999).

¿Qué rol juega la memoria histórica dentro de este contexto? Si quienes hacen parte del conflicto armado interno tienen como pretensión terminar con las hostilidades la memoria histórica no cumplirá ningún rol. Sin embargo, si lo que se pretende es la transformación del conflicto, la memoria histórica es una herramienta principal para dicho fin.

Normalmente, antes, durante, y después de las hostilidades en los conflictos la historia la escriben quienes salen triunfadores, no así quienes están tras bambalinas o en medio de las hostilidades. Estos son en últimas los sordos, ciegos y mudos de los conflictos, contrario a lo que parece son estas personas o grupos sociales quienes tienen conocimiento de hechos históricos que urgen ser revelados como aporte a la reconstrucción del tejido social.

Hamilton (1981) considera que el campo de la cognición social debe incluir tanto la consideración de todos aquellos factores determinantes en la adquisición, representación y recuperación de la información relativa a las personas, como la relación que estos procesos tienen con los juicios emitidos por el perceptor. Contextualizando a este autor, el papel de la victimas es importante en sumo grado, cada vez que, son estos grupos poblacionales sobre quienes recaen muchos, sino todos, los efectos degradantes del conflicto.

Apoyando la teoría de Hamiton (1981) las víctimas terminan por ser receptoras de un conflicto al cual no perteneces. Una mirada holística, tiene gran influencia sobre la percepción del conflicto para la víctima, percepción que muchas veces no alcanza a ser evidenciada por los victimarios sean estos; grupos armados irregulares y en ellos; las Farc, Eln o paramilitares, y aun algunos efectivos de la Fuerza Pública.

Barclay y Smith (1992) sugieren, que la memoria histórica implica, entre otras cosas, tanto reconstruir el pasado en el presente con intencionalidad, es decir, con un propósito psicológico y social, como un reconstruir el pasado a través del recuerdo colectivo, que se centra en acontecimientos personales y colectivos históricos. El fin de un conflicto, sea de dimensión nacional o internacional, puede ser la eliminación del otro o las ganancias conjuntas relativas. Pero la reconstrucción requiere como factor sine qua non conocer no solo el anclaje histórico de los hechos, sino también, los efectos que se ha causado a las víctimas.

No se puede pensar en la transformación como un cambio en tanto se desconoce la historia de una de las partes, sean estas partes pertenecientes a las víctimas o a los victimarios. En Colombia como ejemplo más palpable de amnesia histórica, que lejos de “formatear” la conciencia de las víctimas y victimarios, crea por un la do, indiferencia ante la realidad y magnitud de los hechos. Y por el otro, desesperanza y deseo de venganza hacia aquel que ha atentado contra mis derechos.

La memoria colectiva no se construye a partir de la experiencia de las víctimas o victimarios, sino, a partir de la experiencia de las víctimas y victimarios. Es decir, las experiencias no deben ser excluyentes, por consiguiente, deben ser complementarias para que la construcción de la memoria histórica se desarrolle sobre solidas bases. Quizás en Colombia, quien más contribuye a la construcción de memoria colectiva sea el periodista Holman Morris, quien mediante su programa titulado Contravía desarrolla lo que se denomina como una visión holística de la realidad presente e histórica del país referente al tema del conflicto y sus víctimas.

Para Holman Morris la victima del conflicto armado interno no es solo el Estado, las guerrillas, los paramilitares o los miles de colombianos que sufren los efectos de los enfrentamientos. Las victimas somos todos, y en ese sentido, somos todos quienes tenemos que ser participes de la reconstrucción de un tejido social enfermo por más de medio siglo de una guerra sin gloria.

Retomando y finalizando en el caso del conflicto interno en Colombia, como elemento fundamental de la reconstrucción histórica es tener en cuenta, sin atenuantes, el papel de las victimas dentro del conflicto. La oficialidad de la información y de los hechos propicia tal como señala Gaborit (2006) al moldeamiento de la identidad de las víctimas.

'Que ha de ser de la vida si el que canta

no levanta su voz en las tribunas

por el que sufre,´por el que no hay

ninguna razón que lo condene a andar sin manta'

Que no calle el cantor porque el silencio

cobarde apaña la maldad que oprime,

no saben los cantores de agachadas

no callarán jamás de frente al crimén.

Mercedes Sosa / Si se calla el cantor

viernes, 30 de octubre de 2009

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA, UN ANALISIS PSICOSOCIAL.


El presente análisis temático pretende abordar el fenómeno del desplazamiento forzado teniendo como punto de partida algunas definiciones que van desde percepciones personales sobre el tema, definiciones establecidas por organizaciones de carácter internacional que han visto de una u otra forma involucrada con este tema y algunos autores que ha presentado y desarrollado un análisis de ciertas situaciones en las que se presentan casos de desplazamiento. Lo anterior ha de contribuir a la conceptualización teórica del tema que estamos abordando.

Tal como sosteníamos con antelación el concepto de desplazamiento forzado ha sido abordado desde distintas perspectivas, en ellas y para nuestro fin, hemos desagregado el concepto en; desplazamiento, desplazados y refugiados. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas categorías no constituyen fenómenos aislados, por el contrario, pueden llegar a actuar dentro de la misma dinámica.

El desplazamiento forzado debe entenderse como un fenómeno que en principio altera las dinámicas de un Estado desde el punto de vista político, social, económico y psicológico. Este (el desplazamiento forzado) puede ser interno y/o externo,[1] puede ser provocado por una serie de pugnas internas entre los diferentes sectores que componen la sociedad de un Estado, precarias condiciones económicas que marginan a un segmento de la población, por la escases de recursos, abandono estatal y, en suma, por un conflicto armado interno (socio político) como en el caso colombiano.

En el informa analítico del Secretariado General sobre desplazados forzosos y en un estudio del representante del Secretario General para asuntos de derechos humanos relacionados con desplazados forzosos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas define a los desplazados como:

Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de sus hogares o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o catástrofes naturales o provocados por el ser humano y en su propio país.[2]

Por otra parte, pero con el fin de contribuir a la construcción de una definición más estructurada del concepto desplazado, hacemos referencia al concepto de refugiado. En este orden de ideas, el refugiado es;

Cualquier persona que tenga temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país […] o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.[3]

Debemos tener en cuenta que el desplazamiento forzado de la población civil – al menos bajo las condiciones de conflicto armado interno - es interpretado por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) como un crimen de guerra y por los Derechos Humanos, como una violación a este, siendo estos últimos, mecanismos complementarios de aplicabilidad internacional y conducentes a garantizar la protección de los individuos bajo cualquier situación que atenten contra su integridad.

Se hace necesario antes de contextualizar el tema del desplazamiento interno en Colombia, abordar aunque de manera somera el tema del conflicto armado interno. Con lo anterior pretendemos abordar el tema del desplazamiento forzado desde la óptica del conflicto interno, sin desconocer que existen como ya lo mencionamos anteriormente, otros fenómenos que también pueden llegar a contribuir al desplazamiento interno y/o externo.

A falta de una definición general de “conflicto armado interno”, existen elementos objetivos que permiten establecer cuándo nos hallamos ante una situación de este tipo; en primer lugar, un conflicto armado interno se caracteriza porque en él las partes enfrentadas tienen un estatuto jurídico claramente desigual (ejemplo; fuerzas armadas de un Estado contra grupos armados irregulares).

A diferencia de lo que sucede en los conflictos armados de carácter internacional, los cuales suelen desarrollase entre dos o más Estados, en los conflictos armados de carácter interno, el enfrentamiento no se produce entre Estados soberanos, sino entre el gobierno de un sólo Estado y uno o varios grupos armados (aparentemente ilegales) dentro de los límites de su territorio[4].

En segundo lugar, el conflicto armado interno se caracteriza porque en él los actos de violencia no son esporádicos o aislados. Al contrario, tienen un carácter sostenido y concertado, que en ciertos casos, le permite a los grupos armados o insurrectos ejercer el control de una parte del territorio nacional. Este control territorial puede ser sostenido en la medida en que se ejerce a través del tiempo determinando un cerco de acción sobre el cual, el Estado no ejerce presencia o bien puede ser un control esporádico del territorio donde las fuerzas insurgentes al depredar ciertas zonas (extracción de recursos) migran hacia otra.[5] No obstante, en ambos casos el control puede ser económico, político y cultural.

Estableciendo elementos conceptuales previos, estamos tratando de construir una base sólida sobre la cual colocar el tipo de confrontación que se vive en Colombia, la cual para un grupo de expertos alcanza las dimensiones de conflicto armado interno. Por otra parte, para personas estrechamente relacionadas con el Gobierno Nacional asistimos a una situación de “desorden público”.

Hoy la noción misma de conflicto interno es mucho más amplia y revela que éste puede existir con caracteres o elementos fluctuantes o más flexibles. El conflicto interno de un Estado ha de ser “armado” y dar lugar a hostilidades cuando esas hostilidades dejan de ser un simple asunto de mantenimiento de orden público.[6]

El conflicto armado interno colombiano se desarrolla desde principios de la década de los años 1960, pasando por una serie de etapas de intenso recrudecimiento y manifestaciones de dialogo con posibilidades mínimas de pacificación, especialmente cuando el narcotráfico pasó a ser una modalidad de financiación e impulsador del aparato bélico de los grupos armados ilegales.

El hecho de que exista en Colombia un sector interesado por minimizar o esconder la realidad que se vive en lo referente a la confrontación armada, no alcanza a nublar la percepción internacional. Por ejemplo; el CICR que según se entiende, es guardián del Derecho Internacional Humanitario (DIH), sostiene que, en el caso colombiano el Estado se está enfrentando con grupos armados organizados que tienen cierto control de un territorio, que están generando consecuencias humanitarias, que ejercen operaciones militares sostenidas y concertadas, poseen cierto mando, y cierta organización militar.[7]

La argumentación que expresa el CICR, se sustenta en el Derecho Internacional Humanitario, lo cual a su vez le otorga cierto grado de credibilidad. No obstante, aceptar esto por parte del Gobierno colombiano implicaría el reconocimiento de beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército Popular (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el conflicto interno colombiano.

Por otra parte, pero guardando una estrecha relación con la existencia de conflcito armado interno en Colombia, se encuentra el desplazamiento forzado como consecuencia a la existencia de multiples formas de violencia y fenomenos no excluyentes donde sobresale la violencia política.[8] El impacto del desplazamiento forzado en Colombia y las estrategias para contenerlo o transformarlo, no solo ha sido abordado por organismo e instituciones de carácter internacional como, ACNUR, EL CICR o El CMI.

El Estado colombiano de manera tardía ha reconocido el impacto socioeconómico que sufren aquellos que son desplazados por la violencia. En ese sentido, el documento Conpes N°. 2804 del 13 de septiembre de 1995, establece los lineamientos principales para entender el fenómeno. En este documento se definieron como objetivos centrales la atención a la población ya desplazada y la neutralización de las dinámicas de violencia, que generan fenómenos de desplazamiento.[9]

Asumimos como tardía el reconocimiento del gobierno colombiano ya que el fenómeno de desplazamiento forzado no es ni tan siquiera relativamente nuevo, sino, que esta estrechamente relacionado con el conflicto mismo. Aquellos que sufren el desplazamiento forzado no son más que aquellos que se encuentran en medio del enfrentamiento entre Fuerza Pública, guerrillas y los grupos de autodefensas.

Estudios de organizaciones como; CODHES, PNUD Y SUR, han determinado que el desplazamiento forzado interno ha crecido de una manera sostenida aproximadamente desde 1985, en función de la expansión de las actividades de los grupos armados ilegales. Quizás se haya debido a que desde la década de 1980 los actores armados ilegales vincularon al narcotráfico como herramienta de financiación de su estructura armada, lo que a su vez les permitió desarrollar un mayor número de incursiones armadas contra poblaciones del país y enfrentar casi que en igual capacidad bélica a la Fuerza Publica.*

Existe cierto consenso entre las organizaciones anteriormente señaladas respecto a que el aumento del desplazamiento ha estado asociado a otras formas de ataques a la población civil tales como las masacres, los asesinatos de líderes y las desapariciones forzadas.[10] Según datos de la RSS, en el 2001 el 50 por ciento de los desplazamientos fueron generados por las autodefensas, 20 por ciento por la guerrilla, 22 por ciento por más de dos actores y en el siete por ciento de los casos se desconoce el actor.

La participación mayoritaria de las autodefensas es identificada por la RSS, CODHES y la Conferencia Episcopal a pesar de las diferencias en sus métodos de recolección. El desplazamiento por estos grupos puede responder a diferentes intereses como por ejemplo la apropiación de la tierra y otras causas subyacentes relacionadas con el conflicto armado y el narcotráfico.

Tasa de desplazamientos y tasa de muertes en conflicto por 100.000 habit Colombia 1996 – 2006.

Los picos más altos de desplazamiento forzado en Colombia y la tasa de muertes totales por conflicto se produjeron según la investigación de varias organizaciones en el 2002, periodo que corresponde a la primera administración presidencial de Álvaro Uribe Velez. ¡Uribe – Presidente! en el 2002 puso de manifiesto que una gran mayoría de colombianos provenientes de todos los sectores sociales, deseaban insertarle al problema de la violencia nacional otro modelo de resolución diferente a los diálogos que se habían caracterizado desde Belisario Betancur.

Se pensó en ese entonces que ya el modelo negociador había cumplido su ciclo, puesto que 20 años de diálogos infructuosos habían terminado por exacerbar el conflicto armado interno, fortalecer a las guerrillas, potenciar a los paramilitares como poder de facto y fragmentar al Estado. En consecuencia el pico más alto tiene cierta relación con la intensificación de los enfrentamientos entre Fuerza Pública y grupos armados ilegales y una población civil impasible que se encuentra en medio del juego de intereses. En este orden de ideas aumentaron en los desplazados como consecuencia del desborde de la crisis humanitaria propia de un conflicto interno

Además del marcado efecto económico que tiene el desplazamiento forzado sobre la población civil un análisis documental e informe de investigación en la Unidad de Atención Integral al Desplazado (UAID) desarrollado en octubre 21 de 2003, identificó que personas víctimas de desplazamiento forzado sufrían de estrés, ansiedad, temor, depresión, perdida de autoestima, paranoia, proceso de culpabilizar o culpabilizarse, deseo de venganza, asumir rol de víctima, empeoramiento de las condiciones de vida, desarraigo cultural, ruptura de redes sociales y afectivas, cambios en los roles de la familias entre otras.[11]

Desde 2006 el desplazamiento forzado registra una tendencia creciente que refleja la consolidación de hegemonías armadas ilegales tras cruentas luchas en las cuales la población no combatiente se convirtió en objetivo militar y sus tierras y bienes en botín de guerra. Es decir, en los últimos tres años, casi un millón de personas han sido desplazadas, si se tiene en cuenta que en 2006 el desplazamiento afectó a por lo menos 221.638 personas y en 2007 la cifra ascendió a 305.966.[12]

Quienes se enfrentan en un conflicto armado interno muchas veces evalúan el carácter económico del mismo, es decir, los costos en tanto financiación que este les representa. Además en algunos casos, como el colombiano, el conflicto alcanza a ser matizado por el tinte político, cada vez más disímil, que las partes en confrontación le impregnan. Sin embargo, las partes en confrontación, al menos en el conflicto colombiano, no miden han medido el impacto psicológico al que condenan a la población no combatiente.

Entiéndase a la población no combatiente como aquella que no participa en ninguno de los bandos, legal o ilegal, no desarrolla ningún trabajo logístico, de inteligencia o información. Esta población se encuentra constituida por familias enteras que normalmente habitan en las zonas rurales del país. Esta población se encuentra en medio de los intereses de las partes en conflicto y como tal sufre todo tipo de violación a sus derechos.

El reclutamiento forzado de padres de familia cuando no su asesinato, que deja como resultado la descomposición del núcleo familiar, igualmente el reclutamiento de menores para ser formados en el “arte” de la guerra, el acallamiento con fusiles de comunidades enteras, la consolidación de poderes de factos que gobiernan por medio del terror, la violencia simbólica además de la física, son los componentes de la insalubridad mental que a la fecha sufren más de dos millones de desplazados en Colombia.

La prolongación indefinida de la guerra supone la normalización de relaciones sociales deshumanizantes cuyo impacto en las personas va desde el desgarramiento somático hasta la estructuración mental, pasando por el debilitamiento de la personalidad que no encuentra la posibilidad de afirmar con autenticidad su propia identidad.[13] En el desplazamiento forzado que sufren desde individuos hasta familias enteras en Colombia ese debilitamiento de la persona se hace más profundo en la medida que estos, los desplazados, son victimas múltiples.

Victimas múltiples, en la medida en que no solo son desplazados de su lugar de origen, sino también, del lugar que ocupan como desplazados. Familias enteras mendigando en los semáforos de las capitales, en el transporte público y en los andenes, son una especie de fantasmas vivientes que parecen ser indiferentes ante los ojos primero del gobierno y después de la sociedad a la sociedad que llegan por el hecho de ser desplazados.

Sin lugar a dudas, los individuos o grupos de desplazados sufren, en palabras de Martín Baró, un “trauma psicosocial” como resultado de toda una confluencia de factores adversos que se tejen alrededor de su realidad social y económica. La subvaloración de la persona desplazada constituye una carga para el Estado, quien no contempla una solución más denigrante del ser humano que la cultura de la mendicidad.

Es precisamente en este sentido donde cobran valor las características que le adjunta Ignacio Martín Baró al concepto de trauma psicosocial generado por la violencia. En palabras de nuestro autor “entender la intencionalidad y las característica de la intervención que aborda este tipo de violencia tiene tres características importantes; identificar la naturaleza del trauma, reconstruir el tejido social y evitar la reproducción del trauma”.

Quizás de manera arbitraria y con cierta carencia de autoridad debamos decir que las tres características de identifica Baró son indispensables para la reconstrucción de un tejido social desgarrado por la violencia política, violencia que termina por ser un agregado de múltiples formas de violencia. Comprender el trasfondo histórico, las partes que interactúan en las dinámicas de violencia y propuestas de reconstrucción estructurales y no inmediatistas se hacen necesarias para la reparación social.




[1] Desde nuestra perspectiva el desplazamiento forzado puede ser interno y/o externo. La primera forma de desplazamiento se evidencia en la medida que la población desplazada ocupa otro lugar forzosamente dentro del mismo territorio nacional. Sin embargo, el desplazamiento forzado externo se produce en la medida que el desplazado abandona por situaciones forzosas el territorio nacional. Normalmente, en este caso, el desplazado se refugia en países fronterizos.

[2] Ahumada, Consuelo en; El Desplazamiento Forzado de Colombia Hacia Ecuador En El Contexto Del Plan Colombia. Centro Editorial Javeriano CEJA.Informe analítico del Secretario General sobre los desplazados forzosos, documento de las Naciones Unidas E/CN.41992/23,14 de febrero de 1992; Estudio preparado por el Sr. Francis M. Deng, Representante del Secretario General para asuntos de derechos humanos relacionados con desplazados forzados, de conformidad con la Resolución 1992/73 de la Comisión de Derechos Humanos, documento de las Naciones Unidas. Ambos documentos están en OACNUDH, ACNUR, CODHES, Compilación sobre desplazamiento forzado. Normas, doctrinas y jurisprudencia nacional e internacional. Bogotá: diciembre de 2001, p19.

[3] Ibíd., p.26.

[4]Comité Internacional de la Cruz Roja. Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) y del artículo 3 de estos convenios.

[5] Collier, Paul. Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas. Revista El Malpensante N° 30, 2001.

[6] Mangas Martin, Aracely. Conflictos armados internos y Derecho Internacional Humanitario. Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca 2ª reimpresión de junio de 1999 pp. 59 - 60

El CICR está presente en Colombia desde 1969. Su cometido es velar por que los grupos armados muestren un mayor respeto por el derecho internacional humanitario, sobre todo en relación con la protección debida a los no combatientes, y prestar ayuda de emergencia a las personas desplazadas y a otras víctimas del conflicto. Trabaja en la implementación de programas de salud pública y en la realización de proyectos de rehabilitación de infraestructura de pequeña escala en zonas de conflicto.

[8] Si bien al fenomeno de violencia política se le atribuyen el mayor número de desplazados en Colombia, no se debe asumir como cierta la tesis de que este tipo de violencia es causa unica y suficiente. En Colombia existen otros tipos de violencia que parecen ser excluyentes pero un analisis no muy meticuloso termina por evidenciar. Por ejemplo; cuando hablaos de desplazamiento forzado debemos tener en cuenta el efecto que causa en la población mayoritariamente rural el hecho que que un “patrón” controle vastas cantidades de tierra, que los capos del narcotrafico realicen “inversiones” en predios rurales para “lavar” dinero, que los ciclos economicos disminuyan la demanda de los productos que se cultivan en el campo mientas que los costos de producción sean excesivamente altos. Todos estos fenomenos q ue parecen ser aislados contribuyen de cierta forma al desplazamiento de personas o grupos familiares que buscan mejores opciones en los cascos urbanos.

[9] Documento Compes 2924. Sobre el sistema Nacional de Atención Integral a la Población desplazada. p.4. El documento electrónico se encuentra disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5063.pdf

* La firma del Plan Colombia tiene mucho que ver con esta lógica puesto que en cierto periodo del conflicto armado interno el Gobierno Nacional llegó a pensar en la toma del poder por parte de la guerrilla de las Farc. Mientras que la comunidad internacional y en ella Estados Unidos presenciaban lo que podía ser un Estado fallido.

[10] Forero, Edgar. El desplazamiento forzado en Colombia. Washington, D.C., September 22, 2003. p. 9

[11] Falla Ramírez, Uva. un análisis documental e informe de investigación en la Unidad de Atención Integral al Desplazado (UAID). Revista Tabula raza octubre 21 de 2003. p. 4

[13] Martín Baro, Ignacio. PSICOLOGÍA DE LA GUERRA: TRAUMA Y TERAPIA. UCA, EDITORES 1990, San Salvador, El Salvador. p. 9








jueves, 22 de octubre de 2009

DEMOCRACIA EN CRISIS

En noviembre de 2008 el DANE realizó una encuesta a nivel nacional que buscó entre otras cosas; indagar sobre el nivel de apoyo de los colombianos a la democracia, e identificar los factores que están asociados a este respaldo. Igualmente, conocer las motivaciones para la participación política y la abstención electoral en el país. Por último, identificar los factores asociados a la participación ciudadana y examinar la percepción de confianza de los ciudadanos frente a algunas instituciones públicas.

Sin conocer a fondo las motivaciones que llevo a esta organización del Estado a elaborar tal encuesta, podemos inferir con el temor a equivocarnos, que se trata de una percepción generalizada de “crisis democrática” en Colombia. El punto aquí es que aunque se sostiene a vox populi que somos un país democrático, las instituciones y/o organismos que la constituyen no respalda este orden político.

Asistimos hoy en día, a un desinterés generalizado por la participación en asuntos que atañe a la sociedad colombiana en general aunado a la desconfianza reciproca entre Estado y sociedad civil. El “tape – tape”, los falsos positivos, las chuzadas telefónicas, los escándalos de parapolítica, los altos niveles de corrupción públicas y demás acciones plagas de altas cargas de moralismo ha producido en la sociedad colombiano un rechaza tácito al sistema democrático y lo que este representa.

Debemos reconocer también que la sociedad colombiana se presenta impasible ante los diferentes instrumentos de partición política que ha creado a través de la historia el sistema democrático. Ante esto la encuesta realizada por el DANE presenta ciertas incongruencias, si bien, la encuesta se produce sobre una muestra poblacional un poco reducida para cubrir la percepción de una país con algo más de 40 millones de habitantes, aun así, se hace manifiesta la apatía de los colombianos.

La crisis de la democracia no hace referencia a su extensión, sino, a su falta de aplicabilidad dentro de un Estado que se jacta de ser democrático. Las instituciones no funcional y crean desconfianza respecto los ciudadanos y a su vez, estos ni participan ni intentan cambiar lo que para muchos trunca el buen direccionamiento del país. Este último aspecto resulta de la falta de información sobre los mecanismos de participación y la apatía generalizada por el tema político.

domingo, 23 de agosto de 2009

UNA VALIDACIÓN A LA EXISTENCIA DE CONFLICTO INTERNO EN COLOMBIA


El conflicto armado colombiano se desarrolla desde principios de la década de los años 1960, pasando por una serie de etapas de intenso recrudecimiento y manifestaciones de dialogo con posibilidades mínimas de pacificación, especialmente cuando el narcotráfico pasó a ser una modalidad de financiación e impulsador del aparato bélico de los actores antisistema.

Los actores antisistema suelen ser aquellos que no solo abogan por un cambio del sistema, sino que en una situación favorable implementarían dicho cambio, en la medida que van asumiendo la forma de futuros protagonistas en el público mediante la utilización de prácticas tanto oscuras como intimidatorias, es decir, no son fomentadas desde la legitimidad que impregna de cierto grado de transparencia, a la vez que, infringen en la sociedad cierto grado de violencia física, estructural o simbólica. Desde esta perspectiva reclaman ser aceptados mediante la fuerza y no mediante actos legítimos, quizás porque la degradación del escenario nacional ha llevado a deslegitimar su discurso, venga este de la extrema izquierda o extrema derecha.

Estos actores antisistema no hacen parte de la categoría construida por Giovanni Sartori para referirse a aquellos partidos políticos que dentro del sistema de partidos difieren ideológicamente de otros y utilizan medios persuasivos (chantaje) para hacerse con espacios de poder. El concepto de antisistema, si bien es extraído de la teoría de Sartori, se le otorga aquí una redireccionalidad hacia el contexto del conflicto colombiano una vez en él, el concepto le es atribuido a actores como las FARC, el ELN y en menor grado las AUC, con la pretensión de dar a entender que sus acciones van en contra del establecimiento colombiano. Desde este punto de vista se entienden como actores antisistema a todos los grupos insurgentes que tiene presencia en el territorio nacional.

El debate por la definición de conflicto interno, al referirse a la confrontación de grupos armados ilegales contra el Estado en Colombia, obtuvo trascendencia durante el 2008, mientras parte del Gobierno Nacional calificó a las guerrillas de ser una amenaza terrorista y no un grupo beligerante, que ya no tenía ningún proyecto político, y que si se aceptaba un conflicto interno se les daría a estos cierto grado de poder y eso entorpecería lograr la paz.

El hecho de que exista en Colombia un sector interesado por minimizar o esconder la realidad que se vive en lo referente a la confrontación armada, no alcanza a nublar la percepción internacional. Por ejemplo; el CICR que según se entiende el guardián del Derecho Internacional Humanitario (DIH), sostiene que, en el caso colombiano el Estado se está enfrentando con grupos armados organizados que tienen cierto control de un territorio, que están generando consecuencias humanitarias, que ejercen operaciones militares sostenidas y concertadas, y que tienen un cierto mando, cierta organización militar.[1]

La argumentación que expresada por el CICR se sustenta en el Derecho Internacional Humanitario, lo cual a su vez le otorga cierto grado de credibilidad. No obstante, aceptar esto por parte del gobierno colombiano implicaría el reconocimiento de beligerancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército Popular (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el conflicto interno colombiano.

El CICR está presente en Colombia desde 1969. Su cometido es velar por que los grupos armados muestren un mayor respeto por el derecho internacional humanitario, sobre todo en relación con la protección debida a los no combatientes, y prestar ayuda de emergencia a las personas desplazadas y a otras víctimas del conflicto. Trabaja en la implementación de programas de salud pública y en la realización de proyectos de rehabilitación de infraestructura de pequeña escala en zonas de conflicto.

DE LA "NARCOTIZACIÓN" A LA "TERRORIZACIÓN" DE LA POLITICA EXTERIOR COLOMBIANA


Rodrigo Pardo sostiene que la creciente interdependencia internacional entre las naciones ha ido borrando las fronteras entre lo estrictamente doméstico y lo específicamente externo. Es quizás bajo este panorama que se han construido las relaciones exteriores de Colombia tanto con Pastrana (1998-2002) como con Uribe Vélez (2002-2006) respecto a Estados Unidos sin desconocer que cuando hablamos de interdependencia entre estos dos países esta es “asimétrica”.

Dicha interdependencia está dada por una serie de costos y beneficios donde para nuestra nación los primeros se refieren a una pérdida de autonomía en la toma de decisión, es decir, a una mayor injerencia norteamericana. Mientras que los beneficios pueden dividirse en una mayor cooperación económica, política, militar y social para el país, por supuesto, no todos coinciden con que ello haya sido un logro positivo.

La estrategia pastranista de alinear la política exterior colombiana a los propósitos de lucha norteamericana se gestan inmediatamente después del fracaso o la ruptura con los diálogos con las FARC, momento en el cual la política tendiente al dialogo que había dominado gran parte de su periodo experimentaba un cambio hacia la confrontación, un elemento que da cuerpo a dicho cambio es el redireccionamiento del Plan Colombia, considerado en primera instancia para la lucha antinarcóticos y posteriormente fusionado con la lucha contrainsurgente.

En la medida que se asume que las guerrillas y otros actores participan del negocio del narcotráfico. La “narcotización” de la política exterior consiste entonces en declarar a nivel nacional al narcotráfico como una de las principales amenazas contra la seguridad interna y a su vez en seguir los parámetros de lucha que dicta la política internacional norteamericana.

Especialistas como Tickner y Rodrigo hacen parte de quienes argumentan sobre la “terrorización” de la política exterior colombiana, cuyo espacio temporal se ubica en la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2006) y la escalada terrorista de los actores antisistemas al interior del país y se concatena con la administración George W. Bush y el atentado terrorista del 11 de septiembre en los Estados Unidos.

Momento en el cual Bush declara la guerra trasnacional contra el terrorismo y toda fuerza que lo promueva. Uribe por su parte interpretando los beneficios que esto podría tener una vez las FARC, el ELN y las AUC entran a la lista de organizaciones terroristas supo articular el conflicto interno, la política exterior colombiana y la guerra internacional contra el terrorismo promovida y financiada por Estados Unidos, esta acción última es la que se denomina como “terrorización”.

¿PORQUE CONFLICTO INTERNO?

La internacionalización del conflicto como concepto no ha logrado concatenar las diferentes visiones que se han desarrollado al interior de la academia nacional, por el contrario esas diferentes posturas se mantienen independientes y como tal intentan explicar que es y cuando estamos frente a un proceso de internacionalización. La academia colombiana sugiere a nivel de aproximación: la desarrollada por Leonardo Carvajal y Rodrigo Pardo y la definición de Sandra Borda. Para los primeros, la internacionalización es definida como “el grado de exposición de un asunto a la comunidad de naciones y demás actores del sistema mundial”[1].

Por otra parte, Borda sugiere que la internacionalización es un proceso en el cual un actor toma la decisión explícita y consciente de involucrar agentes externos en cualquier fase del conflicto doméstico. Asimismo, la habilidad para internacionalizarlo no es monopolio del Estado, ya que terceros tienen la posibilidad de emprender el proceso[2]. No obstante, se debe reconocer que existen asimetrías de poder que se reflejan en las capacidades de los diferentes actores a la hora de internacionalizar dicho conflicto.

En las últimas décadas, con todas sus debilidades estructurales el proceso de internacionalización del conflicto armado colombiano se ha convertido en un tema prioritario de la agenda internacional del país. Este hecho guarda una estrecha relación con el auge de diferentes fenómenos que sean desarrolla tanto al interior de país como en el escenario internacional. Los estadistas, aquellos que están en la facultad de tomar la determinación de internacionalizar el conflicto lo han hecho basándose en las dos doctrinas que han permeado la política exterior colombiana, el Respice Polum y Respice Similia.

Entre aquellos que responden al plano nacional se encuentran; un mayor nivel de confrontación entre la Fuerza Pública y los actores antisistema, el origen, desarrollo y expansión del narcotráfico, la consolidación de los grupos paramilitares, y en general, la degradación del conflicto interno. Por otra parte, el escenario internacional plantea la dualidad de una cooperación diplomática para aquellos que propenden por una paz negociada. Con los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, el escenario internacional ha experimentado una transformación en la cual, el conflicto colombiano juega un papel relevante (lucha contra el narcotráfico y el terrorismo) y los últimos gobiernos han sabido “aprovechar” dicha transformación para situar el conflicto a escala internacional.

Quienes por medio de un análisis minucioso han determinado que en Colombia no se lleva acabo de manera correcta el proceso de política exterior, a razón de que este, no responde a hechos coherentes y continuos en sus fines y acciones. Así como al hecho de no manifestarse firme y decidida, lo cual se consigue siempre y cuando el Estado sea auténticamente soberano de sus actos. Basándonos en estos argumentos no yerran quienes sostienen que en Colombia no se ha construido una estrategia, sino que las acciones de los gobernantes corresponden al azar.

[1] Pardo, Rodrigo y Carvajal Leonardo “La internacionalización del conflicto doméstico y los procesos de paz.” En Desafíos y prioridades para la política exterior colombiana Fescol Bogotá 2003 p.185
[2] Borda, Sandra “La Internacionalización del conflicto armado después del 11 de septiembre: ¿la ejecución de una estrategia diplomática hábil o la simple ocurrencia de lo inevitable?” En Colombia Internacional No. 65. p 4

jueves, 13 de agosto de 2009

COSMOPOLITANISMO Y TAUROMAQUIA




Desde tiempo atrás y más exactamente en la segunda mitad del siglo XlV, las corridas de toros han sido fiel parte de festividades aun en países que se han ganado la denominación de desarrollados, con una mayor capacidad intelectual y de razonamiento. A su vez, países donde estos últimos elementos se han llegado a debatir han adoptado esta misma costumbre de manera cosmopolita yendo en algunos casos en contra de sus características que lo constituyen como país.

Colombia como un país sumamente cosmopolita, en relación a que se ha construido teniendo en cuenta otros países, es decir, no se ha construido teniendo como referente aspectos nacionales propios si no que desde su formación como Estado acuño las nociones francesas y alemanas de que era un Estado. ¿Esto con relación a qué? A que las corridas también han sido acuñadas a nuestra cultura desde la madre patria española en tiempos de la dominación armada.

Las corridas de toros desde sus inicios han tenido partidarios y detractores, quienes suponen que la tauromagia es un arte y una contraparte que alega ser un acto de barbarie. Volvamos al cosmopolitanismo. Quizás hoy más que en cualquier otra época se han manifestado grupos sociales diversos en contra de la tauromaquia en Colombia ¿Por qué?, el problema trasciende tanto lo moral como lo ético guardando una estrecha relación con la realidad más cruenta del país, el conflicto armado.

El problema es que los colombianos no somos amantes de los toros como quienes aman a una buena esposa, amamos a los toros por imposición y por querer ser como los europeos (franchutes o españoletes), la tauromaquia no es propia de nuestra cultura como un fenómeno endógeno, así como el hecho de que no somos violentos per se. La pregunta ahora es; ¿los que dicen ser amantes de la tauromaquia realmente aman lo que ven o solamente alimentan el morbo?

Pues me atrevería a decir que las dos cosas, en la medida en que los toros son puestos en la arena de una plaza se enciende el deseo de verle morir de la manera más vil, quizás solo quizás, en algún momento de una flamante corrida pensamos que ese toro es nuestro jefe, la suegra, un paraco o un guerrillero, entonces ¿Por qué no atravesarle el lomo con una espada fría?

Que ¡sin toros no hay feria! ¡Que las corridas son un acto de barbarie! aun más significativo en un país donde los niveles de violencia se elevan al estado de naturaleza hobbesiano. La tauromaquia debería ser parte constructiva de conciencia social, rechazar la muerte del toro, ser un acto de esparcimiento porque de hecho lo logra, y no convertirse en un acto que […] a todas estas ¿Por qué muere el toro?

Si bien, vivimos en una sociedad que dice ser pluralista ¿Qué se debe hacer en estos casos? Pues a mi real saber y entender, no coartar a los individuos en sus deseos ¿Cómo? Una buena opción sería, no abolir las corridas de toros, por que en el fondo, más alla de la sangre del animal termina por ser un negocio. Y para aquellos que instan por la protección animal y para el animal mismo garantizar su vida, este sería un buen inicio para empezar a garantizar la vida de los colombianos que son atravesados por las balas de los fusiles de guerrilleros, paramilitares y el ejército.

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