El conflicto armado colombiano se desarrolla desde principios de la década de los años 1960, pasando por una serie de etapas de intenso recrudecimiento y manifestaciones de dialogo con posibilidades mínimas de pacificación, especialmente cuando el narcotráfico pasó a ser una modalidad de financiación e impulsador del aparato bélico de los actores antisistema.
Los actores antisistema suelen ser aquellos que no solo abogan por un cambio del sistema, sino que en una situación favorable implementarían dicho cambio, en la medida que van asumiendo la forma de futuros protagonistas en el público mediante la utilización de prácticas tanto oscuras como intimidatorias, es decir, no son fomentadas desde la legitimidad que impregna de cierto grado de transparencia, a la vez que, infringen en la sociedad cierto grado de violencia física, estructural o simbólica. Desde esta perspectiva reclaman ser aceptados mediante la fuerza y no mediante actos legítimos, quizás porque la degradación del escenario nacional ha llevado a deslegitimar su discurso, venga este de la extrema izquierda o extrema derecha.
Estos actores antisistema no hacen parte de la categoría construida por Giovanni Sartori para referirse a aquellos partidos políticos que dentro del sistema de partidos difieren ideológicamente de otros y utilizan medios persuasivos (chantaje) para hacerse con espacios de poder. El concepto de antisistema, si bien es extraído de la teoría de Sartori, se le otorga aquí una redireccionalidad hacia el contexto del conflicto colombiano una vez en él, el concepto le es atribuido a actores como las FARC, el ELN y en menor grado las AUC, con la pretensión de dar a entender que sus acciones van en contra del establecimiento colombiano. Desde este punto de vista se entienden como actores antisistema a todos los grupos insurgentes que tiene presencia en el territorio nacional.
El debate por la definición de conflicto interno, al referirse a la confrontación de grupos armados ilegales contra el Estado en Colombia, obtuvo trascendencia durante el 2008, mientras parte del Gobierno Nacional calificó a las guerrillas de ser una amenaza terrorista y no un grupo beligerante, que ya no tenía ningún proyecto político, y que si se aceptaba un conflicto interno se les daría a estos cierto grado de poder y eso entorpecería lograr la paz.
El hecho de que exista en Colombia un sector interesado por minimizar o esconder la realidad que se vive en lo referente a la confrontación armada, no alcanza a nublar la percepción internacional. Por ejemplo; el CICR que según se entiende el guardián del Derecho Internacional Humanitario (DIH), sostiene que, en el caso colombiano el Estado se está enfrentando con grupos armados organizados que tienen cierto control de un territorio, que están generando consecuencias humanitarias, que ejercen operaciones militares sostenidas y concertadas, y que tienen un cierto mando, cierta organización militar.[1]
La argumentación que expresada por el CICR se sustenta en el Derecho Internacional Humanitario, lo cual a su vez le otorga cierto grado de credibilidad. No obstante, aceptar esto por parte del gobierno colombiano implicaría el reconocimiento de beligerancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército Popular (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el conflicto interno colombiano.
El CICR está presente en Colombia desde 1969. Su cometido es velar por que los grupos armados muestren un mayor respeto por el derecho internacional humanitario, sobre todo en relación con la protección debida a los no combatientes, y prestar ayuda de emergencia a las personas desplazadas y a otras víctimas del conflicto. Trabaja en la implementación de programas de salud pública y en la realización de proyectos de rehabilitación de infraestructura de pequeña escala en zonas de conflicto.
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